DERECHOS HUMANOS SEGUN LA CONSTITUCION DEL 2008
Una vez aprobada la Constitución del
año 2008, los ecuatorianos y ecuatorianas contamos con una
Constitución nueva, en la que se encuentran presentes los derechos
humanos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, el
Sumak Kawsay/ Buen Vivir, el reconocimiento de la ciudadanía
universal, un Ley renovada y capaz de reformar la inconstitucionalidad,
sin embargo el sistema político actual, le ha permitido al Ejecutivo
realizar reformas a la Constitución vía la aprobación de leyes
articuladas y/o armonizadas con los requerimientos de Decretos y
Mandatos, lo que ha generado una concentración del poder en el
Ejecutivo. Entre los ejemplos de concentración del poder en el
Presidente está la designación de miembros en las Instituciones,
como es el caso de la Asamblea se han nombrado sujetos políticos
afines al Gobierno, con el único propósito de no dar paso a la
fiscalización, por lo que el pedido de investigación y juicios
políticos a Ministros, todos han terminado siendo archivados. El
actual sistema político se legitima y mantiene a partir de permitir
la concentración del poder del Ejecutivo, otro de los casos
recientes en el país, fue la destitución de los miembros del
Consejo de la Judicatura, órgano que debía realizar las reformas y
llamado a elección de nuevas autoridades una vez que entrará
en vigencia el plazo dado en la Constitución 2008, situación que no
fue cumplida, pero que tampoco fue respetada por el Ejecutivo, por lo
que valiéndose de una Consulta Popular, en la que constaban entre
reformas constitucionales y preguntas sobre seguridad ciudadana, el 7
de Mayo del 2011, el pueblo ecuatoriano se pronunció sobre la
necesidad de cambios en la Justicia, es decir en la Función Judicial
y su constitución como Institución, para lo cual, se redujo el
numero de miembros que pasó de 9 a 3 vocales del Consejo de la
Judicatura, que quedaron de la siguiente manera, nombrados por el
Ejecutivo, la Asamblea Nacional y otro por el Consejo de
Participación Ciudadana, que también tiene recurrencia a las
necesidades del Ejecutivo, para de esta manera conformar un Consejo
de la Judicatura de Transición para ejecutar la reestructuración de
la Institución. Otra de las acciones tomadas para realizar cambios a
la medida del actual Gobierno en la Justicia, fue la emisión del
Decreto Ejecutivo 872 en relación a decretar en Estado de
Excepción[1] a la Función Judicial, para dar prioridad a los
recursos necesarios en el presupuesto general del Estado para
realizar los cambios que requiere el proceso de reestructuración,
este decreto es inconstitucional, por cuanto no se puede declarar en
Estado de excepción a un poder del Estado, sino únicamente al
territorio nacional en el caso de conmoción interna.
Mas informacion
